Especial para Rumbo Alterno
Con la aprobación de la Ley Núm. 7 del 9 de marzo de 2009 el gobierno de Fortuño promueve el despido de 30,000 empleados públicos del gobierno central y la eliminación de los derechos laborales de todos los demás. Basándose en la declaración de una supuesta “emergencia fiscal”, la Ley 7 establece 3 fases para lograr su objetivo de reducir la nómina gubernamental en $1,500 millones:
Fase 1 – Programa de renuncias voluntarias y reducción de jornada
A partir del 27 de marzo, los empleados públicos con 20 años o más de servicio tienen 30 días para informar si desean reducir su jornada (y su salario) en un 10%, de manera permanente. De otro lado, a todos los empleados se les ofrece un programa de “renuncias voluntarias” (no es una “ventana” de retiro) para que presenten su renuncia a cambio de ciertos incentivos económicos. Los incentivos son de 1 a 3 meses de sueldo y cobertura de plan médico por 12 meses. También incluyen un vale de $5,000 para estudios o para establecer un negocio propio, o un vale de $2,500 para un curso vocacional o para “relocalización” (ej. mudarse a los EE.UU.)
Una vez terminado el plazo de 30 días (27 de abril), las agencias tendrán un término de 7 días para certificarle a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) las economías alcanzadas. Diez días más tarde, la OGP certificará si se lograron las economías o si se pasa a la Fase 2.
Fase 2 – Plan de Cesantías
El plan de cesantías entrará en vigor aproximadamente el 14 de mayo. Se comenzará con el despido de todos los empleados que tengan un nombramiento transitorio o irregular. Las Agencias tendrán 15 días para notificar a sus empleados regulares su fecha de antigüedad y éstos tendrán 30 días para refutar dicha información. A partir del 1 de julio, y durante todo el año fiscal 2009-2010 las Agencias procederán a cesantear a los empleados regulares a base de antigüedad, de forma que los primeros en ser cesanteados habrán de ser los de menor antigüedad en el servicio público.
A base de un costo promedio de $30,000 por empleado público (salario y beneficios marginales), habría que cesantear unos 50,000 empleados para alcanzar el objetivo de la Ley 7 de reducir la nómina gubernamental en $1,500 millones.
Fase 3 – Plan de Suspensión Temporera
Aunque se le llama “Fase 3” ésta fue la primera en comenzar el 9 de marzo de 2009, fecha de vigencia de la ley. Como resultado de esta fase se han suspendido en forma automática, por un período máximo de 2 años, prácticamente todos los derechos laborales de los empleados públicos, no importa si se encuentran en leyes, reglamentos, convenios colectivos, cartas circulares, planes de clasificación y retribución, u otros.
No sólo se dejan sin efecto los aumentos salariales negociados en decenas de convenios colectivos, sino que también todos los aumentos en las aportaciones patronales al pago de plan médico, bono de navidad y cuido de niños. De igual manera se dejan sin efecto todos los derechos de los empleados públicos en las llamadas “áreas esenciales al principio de mérito” tales como ascensos, descensos, traslados, retención, clasificación, etc. Como si esto no fuera suficiente, la ley establece que los empleados públicos no podrán apelar ni cuestionar en arbitraje ninguna de las decisiones que tome el gobierno sobre estos asuntos.
Un golpe de estado
Cuando leemos en un periódico o vemos en la televisión que en algún país del mundo ha ocurrido un golpe de estado, observamos que dicho evento conlleva la pérdida de derechos y libertades civiles. Con la Ley 7, el gobierno de Fortuño ha dado un golpe de estado con el cual ha eliminado los derechos y libertades laborales de 221,000 empleados públicos. El gobierno no sólo despedirá a más de 30,000 empleados, sino también pretende tener mano libre para ascender, descender, trasladar y cambiarle las tareas y el salario a cualquier empleado público sin ningún tipo de limitación.
No hay que tener mucha imaginación para ver cuales serán las consecuencias de este golpe de estado. Los alcahuetes del gobierno recibirán ascensos y reclasificaciones, mientras que los adversarios serán descendidos y trasladados, sin ningún tipo de alternativa legal.
Ante la prohibición de recursos legales para impugnar las acciones del gobierno, el pueblo trabajador tiene como única alternativa la lucha organizada y la militancia en las calles. Es el momento de organizarnos para realizar todo tipo de manifestaciones, grandes y pequeñas, así como los más variados actos de desobediencia civil para repudiar las actuaciones del gobierno. Ante el golpe de estado: ¡Resistencia y Lucha del Pueblo!
